En diciembre de 2018, el sevillano Miguel Ángel Rodríguez, de 55 años de edad y socio del Sevilla FC desde mediados de los setenta, se acercó a las oficinas de la entidad. Pretendía vender las dos acciones que, el 10 de marzo de 1998, había adquirido al precio de 10.000 pesetas cada una. Llevaba años sin la evidencia de que los títulos eran suyos, pese a solicitarlo al club de forma reiterada. Así que cercana la Navidad de 2018 apeló a la Ley de Protección de Datos y en las tripas del club saltó la liebre: “Aunque el 3 de enero de 2019 el club me facilitó el Boletín de Suscripciones de Acciones de marzo de 1998, en el que figura mi nombre como comprador de dos títulos con su numeración, luego en el Libro de Accionistas no consta mi nombre. Mis acciones están a nombre de otra persona y por tanto, el club no me considera accionista”.
