Cuando se le pregunta si la sociedad española entendería que condenados por corrupción fuesen indultados, Gallardón contesta rotundo. «El indulto es discrecional por parte del Ejecutivo, pero la Ley establece que debe fundamentarse en razones de justicia, equidad e interés público. A mí, como ministro, me cuesta muchísimo apreciar que puedan existir esas razones para indultar una pena por un delito de aprovechamiento en beneficio propio de un cargo político.
